Universidades chantas

Matko Koljatic

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció a principios de mes “el fin de un ciclo de grandes reformas” con el envío al Congreso en marzo de dos proyectos de ley referentes a la Educación Superior. Luego de dicho anuncio, la ministra expresó que “no queremos nunca más universidades chantas, estas deben desaparecer y deben quedarse las universidades de calidad”. En una reunión posterior, con los rectores del CRUCh, Delpiano dio detalles adicionales respecto al significado de la frase anterior al explicar que se propondrá un nuevo modelo de acreditación, que dependerá de una agencia de calidad estatal, sucesora de la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Advirtió que en el nuevo sistema, la acreditación será obligatoria para todos los planteles, y si una institución no la obtiene tendrá que someterse a un administrador provisional, con el riesgo de cierre.

Las palabras de la ministra, por lo demás curiosas en la titular de Educación por el vocablo utilizado (“chanta” proviene del lunfardo), generaron especulaciones periodísticas sobre cuales serían esas universidades “chantas”.

Los medios apuntaron a 15 universidades (son 59 en el país) que no cuentan con el sello de calidad de la CNA. De estas quince instituciones que no cuentan con acreditación, una está en proceso de cierre y otra en licenciamiento (aun no obtiene su autonomía), tres nunca han solicitado su acreditación, a dos no se la concedieron y ocho la perdieron entre 2011 y 2014 (para más información sobre las universidades sin acreditación acceda a http://www. universite.cl). El tema es importante y preocupante ya que el sistema universitario contaba, el año pasado, con 710 mil estudiantes y de ellos, 11,5% estudiaban en universidades no acreditadas (algo más de 81 mil estudiantes).

Más allá que a todas estas instituciones de educación superior (IES) se les concedió en su momento la autorización para funcionar por parte del Ministerio y por el Consejo Nacional de Educación (CNED), mi experiencia como presidente de la CNA en 2013 y 2014 me lleva a coincidir con la sra. ministra en que algunas instituciones que se denominan así mismas universidades no alcanzan niveles mínimos de calidad educacional y tiendo también a coincidir con ella en que hay que hacer que la acreditación sea obligatoria y que la no acreditación tenga consecuencias que puedan llevar al cierre.

Lo que sorprende es que si la sra. ministra ha llegado a la conclusión que hay universidades “chantas” que hay que cerrar, no proceda de inmediato en esa dirección. Para ello no necesita nuevas leyes: la Ley Nº 20.800 de diciembre de 2014 permite al Mineduc iniciar una investigación cuando tome conocimiento que una IES se encuentra en peligro de incumplimiento de sus compromisos financieros, académicos o de faltar en forma grave a sus estatutos o de las normas que la regulan. De comprobarse dichas situaciones, un administrador provisional podrá ser nombrado por el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación.

Por otra parte, la ley 20.800 dispone que el Mineduc puede actuar por denuncias o de oficio por lo que la sra. ministra no tiene por qué inhibirse si es que tiene antecedentes que fundamentan el juicio que emitió. Es cierto que, para evitar arbitrariedades, el proceso tiene cortapisas y por lo mismo es algo burocrático, pero que el camino mencionado es posible lo demuestra el caso de la Universidad de Arte y Cs. Sociales (ARCIS) cuya crisis gatilló el nombramiento de un administrador provisional que está actualmente en funciones.

Hay también precedentes a nivel internacional. En Ecuador, en 2012, el gobierno de Rafael Correa cerró catorce “universidades de garaje” (como llaman por allá a las universidades “chantas”), de modo que lo que se necesita es voluntad de actuar.

Sería un paso decisivo en la defensa de la calidad de la educación superior pública y privada.